Cuatro años de omisión: Congreso de la Unión ignora sentencia que le ordena crear ley sobre suspensión de derechos humanos

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En plena emergencia sanitaria por COVID-19, la asociación Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió un juicio de amparo ante la omisión legislativa del Congreso de la Unión para emitir la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que regula la suspensión de derechos humanos en contextos extraordinarios.

La pandemia dejó al descubierto una preocupante realidad: México no cuenta con un marco normativo claro para enfrentar una contingencia de salud pública, como la vivida entre 2020 y 2021. Durante ese periodo, gobernadores, presidentes municipales e incluso el secretario de Salud emitieron decretos que, en la práctica, suspendieron derechos fundamentales, como el libre tránsito o el derecho al trabajo, sin base legal suficiente ni control constitucional.

El artículo 29 de la Constitución establece las condiciones bajo las cuales pueden suspenderse los derechos humanos. Sin embargo, más de una década después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011), el Congreso no ha legislado su reglamentación, dejando un vacío legal que permitió actos discrecionales durante la pandemia.

En noviembre de 2020, el Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia favorable a Litigio Estratégico Indígena, ordenando al Congreso emitir la ley reglamentaria correspondiente. A pesar de que la resolución quedó firme, han pasado cuatro años sin que se cumpla, ante la complacencia del juez Décimo Primero de Distrito, denunció el abogado Edgar Aldair Pérez, premio nacional de la Juventud y vocero de esa organización.

“Lo que ocurrió en la pandemia fue grave. Sin ley, se suspendieron derechos humanos al margen de controles democráticos. El Congreso tiene la obligación de legislar, y el Poder Judicial, de hacer cumplir la sentencia”, señaló el abogado de Litigio Estratégico Indígena A.C.

La asociación reiteró su exigencia: el Congreso debe cumplir con la sentencia de amparo y dotar al país de un marco legal que asegure el respeto a los derechos humanos incluso en estados de excepción.