El amparo contra el catálogo de delitos de Prisión Preventiva Oficiosa
Una persona indígena, actualmente procesada de manera injusta por un delito considerado dentro del régimen de prisión preventiva oficiosa, promovió un juicio de amparo con el acompañamiento jurídico de la organización Litigio Estratégico Indígena.
Una persona indígena, actualmente procesada de manera injusta por un delito considerado dentro del régimen de prisión preventiva oficiosa, promovió un juicio de amparo con el acompañamiento jurídico de la organización Litigio Estratégico Indígena. Este mecanismo tiene como finalidad exigir al Estado mexicano el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México.
La sentencia de la CIDH, emitida en enero de 2023, ordenó al Estado mexicano —y en particular al Congreso de la Unión— reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar el catálogo de delitos que establecen la imposición automática de la prisión preventiva oficiosa.
El organismo internacional determinó que esta figura jurídica contraviene el principio de presunción de inocencia y vulnera el derecho a la libertad personal, que constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, la CIDH estableció en su fallo que el Estado mexicano debe adecuar su marco normativo interno para garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Particularmente, la Corte señaló que las medidas de privación de libertad deben sujetarse a requisitos estrictos de proporcionalidad y necesidad, lo que resulta incompatible con la imposición automática de la prisión preventiva.
No obstante, a pesar de la obligatoriedad de esta resolución internacional, el Congreso de la Unión ha incumplido su deber de acatar lo dispuesto por la CIDH. Hasta el momento, no ha iniciado el procedimiento legislativo necesario para reformar el artículo 19 constitucional ni las disposiciones correspondientes del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ante esta situación, una persona indígena privada de la libertad promovió un juicio de amparo con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación ordene al Poder Legislativo cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En su momento, el Poder Judicial de la Federación, deberá emitir una resolución que ordene la reforma constitucional necesaria para eliminar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, en observancia a los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales.