Justificación
Es necesario otorgar un mecanismo de control sobre los representantes populares y servidores públicos. Ante el fracaso del régimen disciplinario es necesario intentar nuevos caminos.
Este mecanismo podrá ser ejercitado por cualquier persona ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. La Sala, mediante un procedimiento desformalizado, iniciará y resolverá el caso en el plazo de 60 días. ¿En qué casos sería procedente el juicio de separación del cargo?
Existen servidores públicos que son deudores alimentarios, violentadores familiares, acosadores, hostigadores o violadores de derechos humanos, así establecidos en una recomendación de derechos humanos o en sentencias de juicio de amparo, que laboran en los tres órdenes de gobierno, y que son protegidos por sus propios superiores.
Nuestra propuesta
La ciudadanía no tiene un mecanismo efectivo para demandar jurisdiccionalmente la separación del cargo de esa persona.
Tampoco hay un mecanismo para separar del cargo a un diputado faltista, ni a los diputados que no presentan iniciativas, ni a las que no visitan y consultan a las personas de su distrito.
Es necesario incluir dentro de la Constitución este mecanismo para que la ciudadanía reasuma su potestad y esté en posibilidades de demandar, en sede jurisdiccional, la destitución del servidor o servidora pública.