La Suprema Corte analiza con perspectiva intercultural el caso Guiengola promovido por Litigio Estratégico Indígena A.C.

El abogado y defensor Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., junto con las diputadas Analy Peral Vivar, presidenta de la Comisión de Justicia, y María Francisca Antonio Santiago, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Oaxaca, sostuvo una reunión con funcionarias y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar seguimiento al amparo en revisión 114/2025, conocido como el caso Guiengola, un proceso emblemático en la defensa del patrimonio cultural y los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec.

Por parte de la Suprema Corte participaron el doctor José Hernández Hernández, Secretario General de la Presidencia de la SCJN; Camelia Gaspar, directora general de Asuntos Jurídicos; y el juez Alfredo Silva, quienes explicaron los avances del expediente y los pasos que siguen en su análisis.

Durante el encuentro, las y los funcionarios del máximo tribunal expresaron el interés de la nueva Corte en estrechar el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas, y subrayaron que este asunto será revisado con profundidad y con una perspectiva intercultural, reconociendo que la justicia debe mirar, escuchar y comprender desde la diversidad cultural de México.

El caso Guiengola se originó cuando Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió un juicio de amparo contra la omisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de declarar como zona de monumentos arqueológicos el sitio de Guiengola, un antiguo centro ceremonial y fortaleza situada en lo alto de un cerro en Tehuantepec, Oaxaca.

Para las comunidades del Istmo, Guiengola no es sólo un vestigio del pasado, sino un espacio vivo de memoria, espiritualidad y resistencia. Su defensa representa la lucha por el reconocimiento de los territorios sagrados y por una política cultural que respete las voces y saberes de los pueblos que los habitan.

En entrevista, Carlos Morales Sánchez señaló:

“El seguimiento de este amparo ante la Suprema Corte marca un paso significativo hacia una justicia más sensible y cercana a la realidad indígena, y podría sentar un precedente histórico en la protección del patrimonio cultural desde una perspectiva de derechos colectivos.”

Con este proceso, se abre la posibilidad de que la justicia mexicana reconozca que la protección del patrimonio arqueológico no sólo es una cuestión técnica o institucional, sino también un derecho cultural y espiritual de los pueblos que lo custodian desde hace siglos.