A más de 5 años, Congreso de la Unión incumple sentencia que ordena expedir ley reglamentaria del artículo 29 constitucional

A más de cinco años de haber sido emitida, continúa sin cumplirse la sentencia que ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, normativa indispensable para regular las restricciones o suspensiones de derechos en situaciones de emergencia.

En octubre de 2020, el entonces titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el estado de Oaxaca concedió el amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena A.C., al considerar que existía una omisión legislativa por parte del Congreso federal al no haber desarrollado la ley reglamentaria prevista en el artículo 29 constitucional.

Dicho precepto establece las bases para que el Ejecutivo federal, con aprobación del Congreso, pueda restringir o suspender el ejercicio de determinados derechos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Sin embargo, carece de una legislación secundaria que delimite con claridad los alcances, límites, controles y mecanismos de supervisión de tales medidas.

La ausencia de esta ley cobró especial relevancia durante la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando diversas medidas extraordinarias impactaron el ejercicio de derechos fundamentales sin que existiera un marco reglamentario específico que estableciera parámetros claros.

Pese a la sentencia judicial que ordenó subsanar la omisión, el Congreso de la Unión no ha expedido la ley correspondiente. De acuerdo con la organización promovente, el Poder Legislativo ha incurrido en actos que consideran meramente formales o simulaciones de cumplimiento, sin que exista un avance legislativo real.

Además, señalan que el actual juez a cargo del seguimiento del asunto, Samuel René Cruz Torres, ha validado dichas actuaciones, lo que en los hechos ha permitido que persista el incumplimiento de la resolución judicial.

Para Litigio Estratégico Indígena A.C., esta situación no sólo representa la desobediencia a una sentencia de amparo, sino que mantiene un vacío normativo que podría generar incertidumbre jurídica ante futuras emergencias nacionales, al no contar con reglas claras que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos.