Litigio Estratégico Indígena impulsa tres litigios para obligar la protección de zonas arqueológicas ante omisiones del INAH

Oaxaca, Oax.- La asociación civil Litigio Estratégico Indígena A.C. ha impulsado tres juicios de amparo en distintas regiones del país para exigir la protección jurídica de zonas arqueológicas que, pese a su relevancia histórica, cultural y simbólica para los pueblos originarios, carecen de mecanismos efectivos de protección o de declaratorias específicas emitidas por las autoridades competentes.

Los casos involucran la zona arqueológica de Guiengola, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; El Castillo de Moctezuma, en Tuxtepec, Oaxaca; y la Pirámide de Contlalco, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. De acuerdo con la organización, los tres litigios surgieron a petición de habitantes de esas comunidades, quienes solicitaron acompañamiento jurídico ante la falta de acciones institucionales para garantizar la conservación de sitios considerados parte fundamental de su memoria histórica y patrimonio cultural.

Las demandas comparten un mismo eje: la necesidad de que existan mecanismos jurídicos eficaces para la protección del patrimonio cultural material frente a la omisión de las autoridades encargadas de su tutela, particularmente en los procedimientos relacionados con la emisión de declaratorias de protección previstas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El caso más reciente corresponde a El Castillo de Moctezuma, ubicado dentro de la ciudad de Tuxtepec. La indígena chinanteca Reyna Felipe obtuvo una sentencia favorable de amparo mediante la cual un juzgado federal ordenó a las autoridades realizar las acciones necesarias para atender la solicitud relacionada con la declaratoria de protección de la zona arqueológica.

La demanda argumentó que la ausencia de protección jurídica colocaba al sitio en una situación de vulnerabilidad frente al crecimiento urbano acelerado de la ciudad, que se expande cada año alrededor de uno de los principales vestigios arqueológicos de la Cuenca del Papaloapan.

En Guerrero, la organización acompañó la defensa de la zona de monumentos arqueológicos conocido como la Pirámide de Contlalco, ubicada en Tlapa de Comonfort. El juicio derivó en una sentencia de amparo que ordenó al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia iniciar las acciones necesarias para que se emita la declaratoria de protección correspondiente.

La relevancia del caso radica en que Contlalco es considerada una de las estructuras arqueológicas más antiguas de la Montaña de Guerrero. Durante años, habitantes de la región denunciaron riesgos asociados al crecimiento urbano, la falta de conservación y la ausencia de medidas institucionales que garantizaran su preservación.

El tercer litigio corresponde a Guiengola, antigua ciudad zapoteca localizada en las inmediaciones de Santo Domingo Tehuantepec. Investigaciones arqueológicas recientes han documentado que el asentamiento abarca cientos de hectáreas y concentra más de mil estructuras arqueológicas, entre plazas, complejos habitacionales, terrazas y espacios ceremoniales, lo que la convierte en una de las ciudades prehispánicas más importantes del sur de México.

Aunque Guiengola ha sido objeto de investigaciones nacionales e internacionales y es reconocida por especialistas como uno de los asentamientos zapotecas más relevantes del país, habitantes de la región han planteado la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos de protección para garantizar la conservación integral del patrimonio cultural material y evitar riesgos asociados a actividades humanas, proyectos de infraestructura o cambios en el uso del suelo.

El litigio promovido para su protección actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que analiza el caso y que en breve podría emitir una resolución con implicaciones relevantes para la tutela judicial del patrimonio arqueológico y los derechos culturales de los pueblos indígenas vinculados al sitio. La decisión del máximo tribunal también podría fijar criterios sobre el alcance de las obligaciones de las autoridades federales para garantizar mecanismos efectivos de protección de zonas arqueológicas.

Parala abogada Mariana Yáñez Unda, abogada de Litigio Estratégico Indígena A.C., los tres casos reflejan una problemática estructural que se repite en distintas regiones del país: sitios arqueológicos reconocidos por su importancia histórica permanecen durante años sin instrumentos jurídicos suficientes para garantizar su conservación, mientras las comunidades observan cómo avanzan procesos de deterioro, expansión urbana o abandono institucional.

La organización sostiene que la defensa de estos espacios no responde únicamente a una preocupación arqueológica. Se trata también de la protección de la memoria colectiva, la identidad cultural y los derechos de los pueblos originarios que mantienen vínculos históricos con esos territorios.

En ese contexto, los juicios de amparo se han convertido en una herramienta para exigir que las autoridades cumplan obligaciones que durante años permanecieron pendientes. Los tres litigios buscan un objetivo común: que la protección del patrimonio arqueológico deje de depender de decisiones discrecionales o de la voluntad administrativa y se convierta en una obligación efectiva del Estado mexicano antes de que los daños sean irreversibles.