Amparo contra normas y control constitucional: claves del litigio estratégico expuestas a defensores de Coahuila

Saltillo, Coahuila.— En un contexto donde la constitucionalidad de las leyes se vuelve un terreno cada vez más disputado, el abogado oaxaqueño Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., impartió la charla “Amparo contra normas desde el parámetro de regularidad constitucional” a defensoras y defensores de derechos en Coahuila, delineando herramientas jurídicas para confrontar disposiciones que vulneran derechos fundamentales.

La sesión, realizada el pasado 23 de marzo de 2025, se configuró como un espacio de formación estratégica más que como una exposición teórica. Ahí, Morales Sánchez explicó el abordaje técnico del amparo contra normas, una vía que en los últimos años ha cobrado relevancia para impugnar leyes que contravienen la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la distinción entre los vicios en el proceso legislativo y los problemas sustantivos de las normas. Por un lado, expuso, se encuentran las fallas en la creación de las leyes: omisiones, falta de consulta —particularmente a pueblos indígenas— o violaciones al procedimiento parlamentario. Por otro, está el contenido mismo de la norma, que puede resultar incompatible con el parámetro de regularidad constitucional aun cuando haya sido aprobada conforme a las formalidades.

Esa división, advirtió, no es menor. De ella depende la estrategia jurídica que debe seguirse en un juicio de amparo.

“Cuando el problema está en el proceso legislativo, el análisis debe centrarse en los deberes incumplidos por el Estado al momento de crear la norma. Pero cuando el contenido de la ley no se adecua al parámetro de regularidad constitucional, la tarea consiste en demostrar su contradicción con los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”, explicó ante las y los asistentes.

El parámetro de regularidad constitucional —noción que ha cobrado fuerza en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— fue presentado como un estándar vinculante para todas las autoridades. No se trata, subrayó, de un concepto abstracto, sino de un marco que obliga a revisar la validez de las normas a la luz de los derechos humanos.

Desde su experiencia en litigio estratégico, especialmente en contextos indígenas, Morales Sánchez enfatizó que el amparo contra normas no debe entenderse como un recurso meramente reactivo. “El litigio estratégico busca incidir en la transformación del orden jurídico. No solo se trata de ganar casos, sino de modificar estructuras que generan desigualdad”, señaló.

Durante la capacitación se revisaron escenarios prácticos en los que las normas resultan problemáticas: leyes que restringen derechos sin justificación suficiente, disposiciones que omiten procesos de consulta o marcos legales que, en los hechos, excluyen a sectores históricamente marginados. En cada caso, se delinearon rutas argumentativas orientadas a construir controles de constitucionalidad y convencionalidad sólidos.

Para las y los defensores de Coahuila, el espacio representó un acercamiento a herramientas técnicas fundamentales en contextos donde el acceso a la justicia sigue siendo desigual. La posibilidad de impugnar normas desde el parámetro de regularidad constitucional abre un campo de acción que trasciende lo individual y apunta a transformaciones estructurales.

La participación de Litigio Estratégico Indígena A.C. en este tipo de procesos de formación confirma una línea de trabajo enfocada en acercar herramientas jurídicas complejas a quienes enfrentan, en el territorio, las consecuencias de marcos normativos muchas veces alejados de la realidad social.

En ese terreno, el amparo contra leyes se consolida como algo más que un mecanismo procesal. Es, en los hechos, una vía para disputar el sentido del derecho y para cerrar —al menos parcialmente— la brecha entre el discurso constitucional y su aplicación efectiva.