Amparo para hacer cumplir una promesa de AMLO: el amparo por la gratuidad de la súper carretera en Oaxaca

En Oaxaca las promesas viajan rápido, pero no siempre llegan a destino. El 4 de febrero de 2024, en Yogana, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la súper carretera Barranca Larga–Ventanilla. Frente a cámaras, micrófonos y funcionarios, anunció algo más que la apertura de una vía: aseguró que sería gratuita para las y los oaxaqueños. No fue una charla privada ni una frase al aire. Fue un acto público, transmitido por canales oficiales y replicado en medios abiertos. Ahí está el registro, en YouTube, desde el minuto 41:43.

La gratuidad no era un gesto menor. Oaxaca arrastra, desde hace décadas, los mayores índices de pobreza y marginación del país. Sus comunidades indígenas —columna vertebral del estado— viven en regiones donde el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas sigue siendo desigual. La carretera conecta la capital con la Costa, una región habitada por pueblos indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes que durante años enfrentaron aislamiento geográfico. Antes, el trayecto significaba más horas, más gasto, más riesgo en curvas interminables. La nueva vía prometía acortar distancias y abrir horizontes.

Un año después, en 2025, Claudia Sheinbaum Pardo publicó Diario de una transición histórica (Planeta). En ese libro, ya como presidenta constitucional, se refiere a la súper carretera y afirma que es gratuita para vehículos con placas del estado de Oaxaca. No lo plantea como deseo ni como propuesta futura. Lo escribe como un hecho, como una política pública en marcha.

Si una promesa presidencial hecha en acto oficial y reiterada en un libro de quien encabeza hoy el Ejecutivo no constituye política pública, ¿qué lo es? Bajo el principio de confianza legítima —esa idea básica de que la ciudadanía puede confiar en la palabra del Estado— y el principio de no regresividad en derechos, se promovió un juicio de amparo para justiciabilizar la gratuidad. No existe un decreto publicado en el Diario Oficial. Existe la palabra empeñada desde el poder, difundida de manera institucional y asumida como vigente.

El caso está ahora en manos del juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Courtois Yanini. Lo que se juega no es sólo el costo de un peaje. Es algo más elemental: si la palabra pública obliga. Si un anuncio hecho desde el Ejecutivo puede generar derechos exigibles. Si en un estado históricamente relegado, la ciudadanía puede acudir a los tribunales para recordarle al poder que lo que se dice frente al micrófono también tiene consecuencias.

Al respecto, Mariana Yáñez Unda, abogada de Litigio Estratégico Indígena A.C., sostiene que este caso pone a prueba la seriedad institucional del Estado mexicano.

“Cuando una autoridad realiza un anuncio público en ejercicio de su cargo y lo presenta como una política vigente, genera expectativas legítimas en la población. No estamos ante un favor ni ante una concesión graciosa, sino ante una decisión que impacta directamente en el derecho a la movilidad y en las condiciones de desarrollo de comunidades históricamente marginadas. Justiciabilizar esa palabra es defender el principio básico de que el poder público no puede decir una cosa y hacer otra”.

En Oaxaca, la carretera ya está trazada. Falta saber si la justicia decide que la promesa también lo está.

En Oaxaca, la carretera ya está trazada. Falta saber si la justicia decide que la promesa también lo está.