Cuando los derechos dejan de ser promesas vanas: dos decisiones recientes de la SCJN

En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó dos decisiones que vale la pena mirar juntas.

La primera tiene que ver con la gratuidad de la educación superior.

Al resolver un amparo contra cobros en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) relacionados con el proceso de titulación, la SCJN fue clara: la gratuidad del artículo 3º constitucional no termina en el salón de clases: si titularse forma parte del proceso educativo, ese paso no puede convertirse en un costo para el estudiante.

La segunda decisión ocurrió lejos de las universidades, en la sierra de Chihuahua. En una comunidad rarámuri había personas que, para el Estado, simplemente no existían. No porque no hubieran nacido, sino porque nunca tuvieron acta.

Durante años los nacimientos quedaron registrados por las propias autoridades comunitarias, pero esos registros no eran reconocidos por la burocracia.

La SCJN resolvió que sí deben ser reconocidos y ordenó que sirvan para expedir actas de nacimiento. La idea es sencilla: el derecho a la identidad no puede depender de trámites pensados para lugares donde el Estado casi nunca llega.

Una decisión ocurre en una universidad; la otra en la sierra.

Pero ambas muestran lo mismo: los derechos empiezan a funcionar cuando se quitan las barreras que los vuelven inaccesibles.

Muchas veces el litigio estratégico empieza así: con un problema concreto —un cobro para titularse, un nacimiento que nunca quedó en papel— y termina abriendo un poco más el espacio de los derechos para todos.

En Litigio Estratégico Indígena A.C. vemos en estas decisiones señales importantes en esa dirección.