Cuando nadie consultaba previamente a los pueblos indígenas: la herida que dejó la presa Miguel Alemán

Durante buena parte del siglo XX, el Estado mexicano pudo construir una carretera, una presa, inundar los territorios indígenas y desplazar a las comunidades enteras sin preguntarles si estaban de acuerdo.  El gobierno decidía e imponía su voluntad.

Décadas después, Litigio Estratégico Indígena A.C. llevó a los tribunales una pregunta elemental: ¿cómo puede existir el derecho constitucional a la consulta previa indígena si Oaxaca carece de una ley para hacerlo efectivo? Y ganamos el amparo. Hoy Oaxaca, desde el año 2020, tiene una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, la primera arrancada con un juicio de amparo. 

La historia explica por qué esa ley importa: en 1947 se creó la Comisión del Papaloapan y pocos años después comenzó la construcción de la presa de Temascal, hoy Miguel Alemán. Bajo el ambiguo discurso de controlar inundaciones, generar electricidad e impulsar el desarrollo agrícola de Oaxaca y Veracruz, alrededor de 55 mil hectáreas de la Mazateca Baja quedaron inundadas y aproximadamente 22 mil personas, principalmente mazatecas, fueron desplazadas de sus territorios.

San Miguel Soyaltepec y San Pedro Ixcatlán estuvieron entre los municipios profundamente transformados.

Reacomodar personas tampoco significó simplemente construirles otra casa. Familias y comunidades fueron enviadas a asentamientos distantes; se perdieron iglesias, tierras, caminos, cementerios, lugares sagrados y relaciones comunitarias construidas durante generaciones.

¿A quién benefició aquella presa? Es cierto que ayudó a controlar las inundaciones de la cuenca baja del Papaloapan, generó energía eléctrica y permitió ampliar las zonas agrícolas y de riego, incluida la producción cañera de Oaxaca y Veracruz.

¿Y quién pagó una parte importante de ese desarrollo?

Los pueblos indígenas.

Décadas después, Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió el amparo 304/2018 y acumulados, presentado el 23 de marzo de 2018, contra la omisión del Congreso de Oaxaca de expedir la legislación que hiciera efectivo el derecho a la consulta.

Y ganamos.

La sentencia fue confirmada en el amparo en revisión R-496/2018, auxiliar R-833/2018, resuelto el 4 de abril de 2019. Finalmente, el 22 de febrero de 2020 se publicó la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca.

Por eso la consulta indígena importa. Los mazatecos desplazados por la presa Miguel Alemán jamás tuvieron una ley que obligara al Estado a sentarse frente a ellos y preguntarles qué pensaban del futuro de sus tierras, sus pueblos y sus familias.

Podremos discutir si aquello fue desarrollo impuesto, re localización, desplazamiento forzado, despojo territorial o incluso etnocidio.

 La pregunta es mucho más sencilla:

¿Puede llamarse desarrollo a una obra cuando quienes pagan el precio jamás pudieron decidir sobre ella?

Para eso en Litigio Estratégico luchamos por una Ley de Consulta Previa. 

Para que nunca más se decida el futuro de un pueblo sin escuchar al pueblo.