Derechos de los ríos, patrimonio cultural y tutela administrativa: propuestas de Litigio incorporadas a la iniciativa de reforma integral a la Constitución de Oaxaca

Oaxaca, Oax.- La iniciativa de reforma integral a la Constitución Política de Oaxaca, presentada por el gobernador Salomón Jara Cruz, retomó tres de las propuestas principales presentadas por Litigio Estratégico Indígena A. C., las cuales están relacionadas con la defensa y protección de los ríos, la defensa del patrimonio cultural inmaterial y la garantía de un instrumento jurídico para reclamar la protección de los derechos frente a actos u omisiones de las autoridades.

Ayer, el mandatario estatal envió al Congreso del Estado su iniciativa con la busca actualizar el marco constitucional marcado por el desfase de muchas de sus disposiciones, la acumulación de reformas a lo largo de los años y un orden normativo que ha perdido coherencia interna.

Durante el proceso de construcción de esta propuesta del Ejecutivo de Oaxaca, Mariana Yáñez Unda y Carlos Morales Sánchez - quienes presiden Litigio Estratégico Indígena A. C. - presentaron una serie de propuestas que consideran debe contener la nueva Constitución Política del Estado, con base en su experiencia en la defensa de pueblos y comunidades indígenas, en el litigio ambiental, en la protección del patrimonio cultural y el acceso efectivo a la justicia.

“Varias de esas propuestas fueron retomadas en el proyecto presentado por el Ejecutivo estatal. Entre ellas destacan, para efectos de este análisis, el reconocimiento de los derechos de los ríos, el juicio para la protección del patrimonio cultural inmaterial y la acción de tutela administrativa. Estas tres no agotan las aportaciones de la organización incorporadas al proyecto de reforma constitucional”, explicó Carlos Morales Sánchez.

Ríos, sujetos de derecho

Una de las propuestas de mayor alcance, detalló, consiste en reconocer a los ríos como sujetos de derechos.

El planteamiento impulsado por Litigio Estratégico Indígena tiene como antecedente años de trabajo judicial para exigir el saneamiento y rescate de los ríos oaxaqueños. La organización ha promovido litigios relacionados con el Atoyac, el Salado y el Papaloapan, entre otros afluentes, en los que ha sostenido que la contaminación no puede atenderse solamente como un problema administrativo, sino como una afectación directa al medio ambiente, las comunidades y las generaciones futuras.

De esa experiencia surgió una propuesta de mayor profundidad: dejar de concebir jurídicamente al río únicamente como un recurso susceptible de aprovechamiento y reconocerle derechos propios.

“La iniciativa presentada por el gobernador recoge esa visión al reconocer a los ríos como entidades vivientes y sujetos de derechos. El proyecto contempla, entre otros, su derecho a fluir, conservar sus funciones dentro del ecosistema, mantenerse libres de contaminación, relacionarse con sus afluentes y regenerarse”.

Mariana Yáñez agregó que el cambio tendría consecuencias jurídicas importantes si permanece en el texto que finalmente apruebe el Congreso, porque las autoridades no tendrían únicamente obligaciones relacionadas con la administración, aprovechamiento o saneamiento del agua, sino que también existiría un mandato constitucional de proteger al río como sujeto de derechos.

“Para Oaxaca, donde diversos afluentes enfrentan desde hace décadas contaminación, descargas residuales y deterioro ambiental, la propuesta introduce una nueva forma de entender la relación entre el derecho y la naturaleza”.

Protección del patrimonio cultural inmaterial

La segunda propuesta de Litigio Estratégico Indígena que fue incorporada en la iniciativa del gobernador Salomón Jara, es la relacionada con la creación del juicio para la protección del patrimonio cultural inmaterial.

Esto, porque los bordados, diseños textiles, símbolos, conocimientos tradicionales, expresiones artísticas, gastronomía y otros elementos culturales de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, han sido utilizados por empresas y particulares sin que los pueblos que los conservaron durante generaciones dispongan siempre de una vía judicial eficaz para defenderlos.

El objetivo es que esa protección no quedara limitada a procedimientos administrativos.

La organización planteó crear un juicio específico para que pueblos y comunidades puedan acudir ante un tribunal cuando consideren que alguna expresión de su patrimonio cultural fue apropiada, utilizada o explotada indebidamente.

“La diferencia es sustancial. Una comunidad que considere afectados sus diseños, símbolos, conocimientos o expresiones culturales podría contar con una herramienta judicial concebida expresamente para su protección”, precisó Carlos Morales.

Además, dijo que la propuesta coloca también en el centro una discusión que Oaxaca conoce bien, que detrás de un bordado, una danza, una técnica artesanal o un conocimiento tradicional existe una comunidad que creó, preservó y transmitió esos saberes. Por ello, sentenció, su aprovechamiento económico no puede desvincularse automáticamente de quienes les dieron origen.

La tutela administrativa

Y finalmente, la tercera propuesta incorporada en la iniciativa es la acción de tutela administrativa.

La vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena, Mariana Yáñez, explicó que este mecanismo es una vía sencilla y rápida para que las personas puedan reclamar la protección de sus derechos frente a actos u omisiones de las autoridades administrativas.

“El problema que intenta resolver (la acción de tutela adminisitrativa) ocurre todos los días: una autoridad no responde una petición. Un servicio público deja de prestarse. Una institución incumple una obligación. La persona afectada comienza entonces un recorrido de escritos, plazos, recursos y procedimientos que puede extenderse durante meses”, abundó.

Con este mecanismo, reiteró, se busca establecer un procedimiento accesible, con menos formalidades y capacidad para resolver con rapidez aquellas afectaciones que no deberían exigir un litigio prolongado.

“La iniciativa constitucional incorpora esta figura y contempla que el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción conozca de ella. Su eficacia dependerá también de las reglas que desarrollen posteriormente el procedimiento. El reto será conservar su naturaleza rápida y accesible, sin convertirla en otro proceso cargado de obstáculos técnicos”.

Propuestas que surgen del trabajo y el acompañamiento a pueblos y comunidades indígenas

Carlos Morales recalcó que estas tres propuestas, retomadas por la Comisión Redactora de la iniciativa de nueva Constitución para Oaxaca, no surgieron exclusivamente de una discusión académica.

Litigio Estratégico Indígena, sostuvo, las construyó a partir de problemas que ha enfrentado durante años en tribunales y en su trabajo con pueblos y comunidades.

“Los derechos de los ríos tienen detrás litigios ambientales concretos. El juicio para la protección del patrimonio cultural inmaterial responde a los conflictos que enfrentan las comunidades ante la apropiación de sus expresiones culturales. La acción de tutela administrativa busca acercar la justicia a las personas cuando una autoridad incumple sus obligaciones”, insistió.

El presidente de Litigio Estratégico Indígena resaltó que la iniciativa es resultado del trabajo de la comisión redactora encabezada por el magistrado Manuel de Jesús López López y el jurista Raúl Ávila Ortiz; equipo en el que participaron destacadas mujeres y hombres juristas de Oaxaca, quienes tuvieron la responsabilidad de revisar las propuestas recibidas, discutir su viabilidad jurídica y construir un nuevo diseño constitucional para el estado.

La comisión redactora tuvo la tarea de estudiar y ordenar propuestas procedentes de organizaciones, instituciones, especialistas, comunidades y distintos sectores de la sociedad oaxaqueña, para convertirlas en normas susceptibles de integrar el proyecto presentado por el gobernador Salomón Jara Cruz.

“Litigio Estratégico Indígena participó en ese proceso con planteamientos concretos y desarrollados jurídicamente. Varias de esas propuestas encontraron recepción en la iniciativa”.

La iniciativa comienza ahora su etapa legislativa y corresponderá al Congreso de Oaxaca analizarla, discutirla y determinar qué disposiciones permanecerán en el texto definitivo.

“Por ahora”, añadió Mariana Yáñez, “existe un dato que puede documentarse: propuestas construidas durante años desde el litigio, la defensa de las comunidades y la experiencia directa frente a problemas sociales y ambientales de Oaxaca, alcanzaron el proyecto de reforma integral de la Constitución presentado por el Ejecutivo estatal”.