Indígena rarámuri solicita a la SCJN revisar si el Congreso de Chihuahua incumplió la sentencia que ordenó crear una Sala de Justicia Indígena

Oaxaca, Oax.— La indígena rarámuri Guadalupe Pérez Holguín, originaria de la comunidad de Norogachi, Chihuahua, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de reasunción de competencia para conocer el recurso de inconformidad 32/2026, en el que se cuestiona el cumplimiento de la sentencia que ordenó al Congreso de Chihuahua crear una Sala de Justicia Indígena. La petición fue promovida por conducto de su abogado, Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., organización que ha impulsado diversos litigios estratégicos para fortalecer el reconocimiento de la jurisdicción indígena en México.

El caso tiene su origen en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Pérez Holguín para combatir la omisión legislativa del Congreso de Chihuahua de desarrollar el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su propia jurisdicción, reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su demanda, la mujer rarámuri sostuvo que la falta de un órgano jurisdiccional especializado impedía que las resoluciones emitidas por las autoridades tradicionales indígenas contaran con un mecanismo institucional para su validación dentro del sistema de justicia estatal. Esa ausencia, argumentó, limitaba el ejercicio efectivo de la libre determinación y del pluralismo jurídico reconocidos por la Constitución.

El Juzgado de Distrito le concedió el amparo y ordenó al Congreso del Estado crear una Sala de Justicia Indígena como órgano especializado para conocer de la validación de las resoluciones de las autoridades indígenas.

Sin embargo, la controversia surgió durante la etapa de cumplimiento de la sentencia pues el Congreso de Chihuahua no creó la Sala de Justicia Indígena ordenada por el juzgado federal. En su lugar, reformó la legislación para distribuir esa atribución y se la dio a todos los jueces del Poder Judicial del Estado.

A juicio de Guadalupe Pérez Holguín, esa decisión modifica el sentido de la sentencia. Mientras el fallo judicial ordenó establecer un órgano especializado con competencia específica en materia de justicia indígena, la reforma legislativa dispersó esa facultad entre todos los jueces de Chihuahua, sin crear la Sala de justicia indigena.

Por ello promovió el recurso de inconformidad 32/2026, mediante el cual sostiene que el Congreso incurrió en un incumplimiento  de la sentencia y solicita que se verifique si las medidas legislativas adoptadas satisfacen realmente lo ordenado por el órgano jurisdiccional federal.

Ahora, mediante la solicitud presentada ante la Suprema Corte, la promovente busca que el máximo tribunal del país reasuma competencia para resolver directamente el asunto y defina un criterio que trascienda este caso particular.

De aceptar la petición, la Suprema Corte tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre un tema de relevancia nacional: si una sentencia que ordena crear un órgano jurisdiccional especializado puede considerarse cumplida cuando el Poder Legislativo decide sustituirlo por un modelo distinto, distribuyendo sus funciones entre diversos jueces. La resolución también podría establecer criterios sobre el alcance del artículo 2 constitucional y el deber de las autoridades de garantizar una justicia indígena efectiva conforme al mandato de la Constitución.