Litigio Estratégico Indígena A.C. exige cumplimiento de sentencia de amparo que ordena construir Sala de Justicia Indígena en Chihuahua

La asociación logró una resolución favorable en un juicio de amparo; sin embargo, el Congreso local aún no ha dado cumplimiento a la orden de legislar sobre el reconocimiento de la justicia indígena.

Chihuahua, México — La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. ha exigido al Congreso del Estado de Chihuahua el cumplimiento inmediato de una sentencia de amparo que ordena legislar para la creación de una Sala de Justicia Indígena, mecanismo clave para validar y vincular las decisiones de las autoridades tradicionales indígenas con el sistema jurídico estatal.

Aunque la resolución judicial fue clara y favorable, el Congreso ha incurrido en omisión, prolongando una deuda histórica con los pueblos originarios de la entidad.

Chihuahua es hogar de cuatro pueblos indígenas que han habitado el territorio desde tiempos ancestrales. El 85% de su población indígena se concentra en 23 municipios serranos, destacando Guachochi, Bocoyna, Balleza, Guadalupe y Calvo, entre otros. La Constitución del estado reconoce su composición pluricultural, pluriétnica y multilingüe, así como el derecho de los pueblos indígenas a regular su vida interna mediante sus propios sistemas normativos (artículo 9°).

Sin embargo, el Estado no ha creado aún un órgano institucional que articule estos sistemas comunitarios con el sistema judicial estatal. Modelos exitosos ya existen en otras entidades, como Oaxaca —con su Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal—, o el Estado de México, que en 2023 inauguró su Sala de Asuntos Indígenas en el Tribunal Superior de Justicia.

Ante esta omisión, Guadalupe Pérez Holguín, mujer rarámuri de la comunidad de Norogachi, promovió junto con Litigio Estratégico Indígena A.C. un juicio de amparo contra el Congreso de Chihuahua. El caso, radicado con el número 444/2024 en el Juzgado Primero de Distrito, culminó con una sentencia que ordena legislar para la creación de la Sala de Justicia Indígena.

A pesar del fallo favorable, el Congreso no ha cumplido con su obligación.

“La justicia indígena no es un favor, es un derecho constitucional. Ganamos el amparo, pero el Congreso ha permanecido en silencio. Seguiremos exigiendo el cumplimiento de la sentencia hasta que se construya la Sala de Justicia Indígena en Chihuahua”, expresó Litigio Estratégico Indígena A.C.

La organización insistió en que esta sala no solo representa una herramienta legal, sino un reconocimiento formal a la legitimidad de los sistemas normativos indígenas. Su implementación es clave para asegurar el acceso pleno a la justicia de los pueblos originarios y para fortalecer el respeto a la diversidad jurídica y cultural del país.