Litigio Estratégico Indígena A.C., Reyna Felipe Jiménez y el Colegio de Abogados de Tuxtepec impulsan la defensa del Castillo de Moctezuma

El Castillo de Moctezuma, ubicado en el corazón de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se resiste a desaparecer pese al crecimiento acelerado de la mancha urbana. Esta construcción, legado del pueblo chinanteco, ha sobrevivido al paso del tiempo sin reconocimiento oficial ni protección institucional, y hoy enfrenta nuevas amenazas derivadas de la expansión urbana y la omisión del Estado.

En respuesta, la indígena chinanteca Reyna Felipe Jiménez, defensora de la lengua chinanteca y heredera de la comunidad que construyó el castillo, ha emprendido una acción legal en defensa del sitio. Esta lucha cuenta con el respaldo de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena A.C., que dará seguimiento jurídico al proceso, y del Colegio de Abogados de Tuxtepec, que acompaña solidariamente la causa.

El objetivo del litigio es lograr que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emita una declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“El Castillo de Moctezuma no es una ruina ni un obstáculo al desarrollo: es un símbolo de nuestra historia y una prueba viva de la existencia ancestral del pueblo chinanteco en este territorio”, declaró Reyna Felipe Jiménez. El lugar, aunque rodeado por construcciones modernas, sigue siendo un espacio de memoria y resistencia.

Para Carlos Morales, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., la defensa del castillo es una causa emblemática:

“Este sitio representa una pieza clave de la memoria histórica del pueblo chinanteco. No solo debe ser protegido como patrimonio cultural, sino reconocido como un símbolo de la resistencia indígena frente al olvido institucional y la expansión urbana. La justicia patrimonial también es una forma de justicia histórica”.

Además de apelar a la normativa nacional, el litigio invoca marcos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen el derecho de los pueblos originarios a conservar, proteger y acceder a sus lugares históricos y culturales.

Este caso busca sentar un precedente para que comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a defender legalmente su patrimonio frente a la urbanización descontrolada y la negligencia institucional, combinando herramientas jurídicas con la fuerza de la memoria colectiva.