Litigio Estratégico Indígena buscará que la Suprema Corte atraiga amparo contra cobro de cuotas en la Barranca Larga–Ventanilla

Oaxaca de Juárez.— Litigio Estratégico Indígena A.C. buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga, en segunda instancia, el juicio de amparo promovido contra el cobro de cuotas en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, al considerar que el asunto plantea una pregunta que rebasa el caso oaxaqueño: ¿puede el Estado desconocer una política pública anunciada formalmente por el Presidente de la República y generar después una carga económica para las personas que confiaron en ella?

El juicio de amparo se presentó el 17 de febrero de 2026 contra actos atribuidos a la Presidencia de la República y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), relacionados con el cobro de peaje y el abandono del régimen de gratuidad anunciado para las personas de Oaxaca. El Juzgado Quinto de Distrito registró el asunto con el número 238/2026-II-A. El 24 de junio de este año, el juez federal negó el amparo, resolución que abrió la vía para acudir a la revisión. 

Mariana Yáñez, abogada de la organización sostiene que el caso debe llegar a la Corte por su interés y trascendencia constitucional, debido a que permitirá definir los alcances del principio de confianza legítima frente a declaraciones oficiales mediante las cuales el gobierno anuncia beneficios concretos a la población.

El origen del litigio se encuentra en la inauguración de la autopista, el 4 de febrero de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente que los vehículos de personas oaxaqueñas no pagarían peaje. El anuncio ocurrió durante un acto oficial y quedó registrado en las transmisiones de la ceremonia. López Obrador incluso habló de dejar una propuesta para que posteriormente pagaran visitantes y transporte de carga, pero no los oaxaqueños. 

La demanda también incorporó como antecedente el libro Diario de una transición histórica, de Claudia Sheinbaum Pardo, en el que se menciona la gratuidad para vehículos con placas de Oaxaca como una medida relacionada con la nueva carretera. Para Litigio Estratégico Indígena, ambos hechos obligan a discutir si los anuncios institucionales del Poder Ejecutivo pueden producir una expectativa jurídicamente protegida y cuáles son los límites que tiene el Estado para apartarse posteriormente de ellos. 

La controversia adquirió mayor impacto económico este año. Desde el 13 de abril de 2026, la tarifa para automóviles pasó de 234 a 245 pesos por caseta. Como la autopista tiene dos plazas de cobro, recorrerla implica actualmente un pago de 490 pesos por automóvil. La vía mide 104.3 kilómetros y conecta los Valles Centrales con la Costa de Oaxaca. 

Litigio Estratégico Indígena ya interpuso el recurso correspondiente y planteará que el asunto llegue al máximo tribunal del país mediante la facultad de atracción. La legislación permite a la SCJN conocer amparos en revisión que, aun cuando normalmente resolvería un Tribunal Colegiado, presenten características especiales de interés y trascendencia. 

La asociación argumentará que la discusión no termina en el precio de dos casetas. Una eventual decisión de la Corte podría establecer criterios sobre confianza legítima, seguridad jurídica, movilidad y responsabilidad del poder público frente a sus propios anuncios oficiales. En el recurso de revisión trabajado para este litigio ya se plantea que la resolución tendrá efectos que van más allá de la Barranca Larga–Ventanilla, pues podría definir la conducta futura de las autoridades cuando anuncien programas o beneficios y después pretendan desconocerlos. 

La carretera que durante décadas prometió acercar a Oaxaca con su Costa terminó abriendo otra ruta, esta vez judicial. La pregunta que Litigio Estratégico Indígena quiere llevar hasta la Suprema Corte es sencilla y de fondo: cuando el Estado empeña públicamente su palabra, ¿esa palabra obliga o puede quedarse en discurso político?