Propuesta de nueva Constitución de Oaxaca incorpora iniciativa de Litigio Estratégico Indígena para crear la acción de tutela administrativa

La propuesta de nueva Constitución de Oaxaca, presentada por el gobernador del estado, incorporó una de las iniciativas impulsadas por Litigio Estratégico Indígena A.C.: la creación de la acción de tutela administrativa, un mecanismo diseñado para que las personas puedan acudir de manera rápida ante un tribunal cuando una autoridad administrativa afecte sus derechos por acción u omisión.

La propuesta fue elaborada por Litigio Estratégico Indígena, organización dirigida por Mariana Yáñez Unda y Carlos Morales Sánchez, a partir de un problema cotidiano: frente al silencio, la negativa o la inacción de una autoridad, las personas suelen quedar atrapadas entre escritos, recursos y procedimientos que pueden tardar meses o incluso años.

La acción de tutela busca cambiar esa lógica. Su propósito es crear una vía sencilla, accesible y con menos formalismos para proteger derechos frente a actos u omisiones de las autoridades administrativas. Casos relacionados con servicios públicos, prestaciones, falta de respuesta gubernamental o incumplimientos que requieran atención inmediata podrían resolverse por esta vía, sin obligar a las personas a acudir de manera directa al juicio de amparo.

La propuesta constitucional no se limita a mencionar la figura. El artículo 15 reconoce la acción de tutela administrativa entre las garantías jurisdiccionales y el artículo 56 otorga al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción la competencia para conocer de ella, tanto de manera individual como colectiva. Con ello, la iniciativa plantea una vía local específica para responder frente a actos u omisiones de las autoridades administrativas.

La acción de tutela también busca despresurizar al Poder Judicial Federal, al ofrecer un mecanismo local de protección para conflictos administrativos que hoy terminan con frecuencia en los juzgados de distrito. Así, el amparo podría reservarse para controversias constitucionales de mayor complejidad, mientras los tribunales administrativos locales atienden con mayor rapidez los problemas cotidianos entre ciudadanía y autoridad.

Para Mariana Yáñez Unda, de Litigio Estratégico Indígena A.C., el punto de partida es sencillo: una persona no debería necesitar un litigio largo, como puede ocurrir con el juicio de amparo, para conseguir que una autoridad cumpla una obligación elemental. La acción de tutela podría servir, por ejemplo, frente a retrasos en citas médicas, fallas en la recolección de basura, falta de atención a baches u otras omisiones administrativas que afectan de manera directa la vida cotidiana.

La figura toma como referencia mecanismos de protección inmediata desarrollados en otros sistemas latinoamericanos, pero busca adaptarse a la realidad administrativa de Oaxaca. Su alcance definitivo dependerá de las reglas que expida el Congreso y, posteriormente, de la legislación que establezca sus plazos, requisitos y efectos.

El reto será evitar que la tutela termine convertida en otro juicio cargado de formalidades. Su razón de ser es la contraria: acercar la justicia a quienes necesitan una respuesta antes de que el tiempo vuelva inútil cualquier resolución.

La acción de tutela administrativa forma parte de un grupo más amplio de propuestas presentadas por Litigio Estratégico Indígena durante el proceso de reforma constitucional. Entre ellas también fueron incorporados el reconocimiento de los derechos de los ríos y el juicio para la protección del patrimonio cultural inmaterial.

La propuesta todavía deberá recorrer el proceso legislativo. Pero la incorporación de la tutela administrativa ya plantea una discusión concreta para Oaxaca: si una autoridad incumple, guarda silencio o simplemente no actúa, la persona afectada debería contar con una vía local rápida para defenderse, sin convertir cada problema administrativo en un juicio de amparo.