SCJN atrae amparo sobre sala de justicia indígena en Guerrero; Litigio Estratégico busca definir omisión legislativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 23 de abril de 2026 atraer el amparo en revisión 44/2026, relacionado con la omisión del Congreso de Guerrero de crear una Sala de Justicia Indígena. La decisión se dio al admitir la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 200/2026, presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en un contexto en el que el máximo tribunal busca establecer precedentes en favor de los derechos de los pueblos indígenas.

El asunto tiene como origen la demanda presentada por Jorge Neri Castañón, quien reclamó en juicio de amparo la falta de un mecanismo institucional que permita validar, dentro del sistema estatal, las decisiones adoptadas por autoridades indígenas en su comunidad. El caso fue inicialmente tramitado como amparo indirecto 100/2024 ante un juzgado federal en Guerrero.

El 31 de julio de 2025, el órgano jurisdiccional negó la protección constitucional. Argumentó que no existe una omisión legislativa absoluta, dado que el marco normativo estatal contiene referencias generales a los pueblos indígenas. La resolución fue impugnada mediante recurso de revisión, lo que abrió la posibilidad de que la Corte ejerciera su facultad de atracción.

La SCJN consideró que el caso cumple con los requisitos de interés y trascendencia, al implicar la interpretación directa del artículo 2° de la Constitución y la definición de los alcances del pluralismo jurídico en México. En particular, deberá determinar si la ausencia de una Sala de Justicia Indígena en Guerrero constituye una omisión legislativa que impide el ejercicio efectivo de los sistemas normativos indígenas.

El planteamiento central del caso sostiene que el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena no es suficiente sin mecanismos que le den eficacia. De acuerdo con la demanda, la falta de una instancia que valide las resoluciones comunitarias genera una desventaja estructural para las personas indígenas frente al sistema de justicia estatal.

La intervención de Litigio Estratégico Indígena A.C. fue determinante para posicionar el caso como un asunto de alcance nacional. Desde esta organización, Mariana Yáñez ha señalado que el objetivo es cerrar la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos indígenas y su implementación efectiva en las instituciones.

Actualmente, estados como Oaxaca cuentan con salas específicas para atender asuntos relacionados con sistemas normativos indígenas, mientras que Guerrero carece de un diseño institucional equivalente. Esta diferencia, según el expediente, impacta directamente en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Con la atracción del caso, la Suprema Corte deberá fijar un criterio sobre si el Estado está obligado no solo a reconocer, sino a garantizar operativamente la jurisdicción indígena. La resolución tendrá efectos que podrían extenderse a nivel nacional, al definir si la falta de mecanismos institucionales constituye una violación a derechos constitucionales.

El expediente se encuentra ahora en etapa de análisis. La decisión de fondo marcará el alcance real del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas dentro del sistema jurídico mexicano.