No es un trámite menor ni una discusión de técnica parlamentaria. En Chihuahua, una mujer rarámuri —Guadalupe Pérez Holguín, originaria de Norogachi— llevó hasta un juzgado federal una omisión que el poder político había normalizado: la inexistencia de un órgano especializado que valide, con perspectiva intercultural, las decisiones de las autoridades de los pueblos indígenas. La demanda de amparo quedó radicada con el número 444/2024 en el Juzgado Primero de Distrito en el

Oaxaca, Oax.— Una sentencia de amparo que ordena avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas en Chihuahua enfrenta hoy una resistencia institucional que reabre el debate sobre la voluntad política del Estado mexicano para garantizar la justicia intercultural. El juicio de amparo, promovido por la organización Litigio Estratégico Indígena A.C. en conjunto con la defensora Guadalupe Pérez Holguín, marcó un precedente relevante al obligar al Congr