Incumplimiento legislativo en Chihuahua: el Congreso desatiende una sentencia de amparo y omite construir sala de Justicia Indígena

CDMX, 23 de enero de 2026.- La asociación civil Litigio Estratégico Indígena A.C. mantiene su denuncia pública contra el Congreso del Estado de Chihuahua por el incumplimiento de una sentencia de amparo que ordena legislar para la creación de una Sala de Justicia Indígena en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. El caso expone una omisión legislativa que impacta directamente en el acceso a la justicia de los pueblos originarios de la entidad.

El juicio de amparo 444/2024 fue promovido a inicios de 2024 por Guadalupe Pérez Holguín, mujer rarámuri originaria de la comunidad de Norogachi, con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena A.C. La demanda señaló la falta de legislación local para establecer una sala especializada que permita la validación y revisión de decisiones emitidas por autoridades indígenas, en coordinación con el sistema de justicia estatal.

La acción judicial se sustentó en experiencias ya operativas en entidades como Oaxaca y el Estado de México, donde existen órganos jurisdiccionales con competencia en materia de justicia indígena. Estas instancias funcionan como mecanismos de enlace entre los sistemas normativos comunitarios y el poder judicial formal.

El juzgado federal resolvió conceder el amparo y ordenó al Congreso de Chihuahua emitir la legislación correspondiente. A pesar de ello, hasta la fecha no se han registrado avances legislativos para dar cumplimiento a la sentencia. En julio de 2025, la organización promovente emitió comunicados públicos en los que exigió el acatamiento inmediato de la resolución judicial, al considerar que la inacción prolonga una situación de exclusión institucional.

Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C., ha señalado que la creación de salas de justicia indígena resulta clave para el reconocimiento efectivo de la jurisdicción indígena. De acuerdo con la organización, la ausencia de estos órganos mantiene a entidades como Chihuahua en una situación de rezago frente a estándares ya adoptados en otros estados.

El caso se inscribe en una estrategia más amplia de litigio estratégico impulsada por la asociación, que también ha promovido acciones similares en otras entidades, como Guerrero, con el objetivo de extender el modelo de justicia indígena a nivel nacional.

Hasta ahora, el Congreso de Chihuahua no ha expedido ley o reforma alguna que atienda la sentencia, lo que podría constituir un incumplimiento de carácter judicial. Esta omisión afecta a pueblos como los rarámuri, tepehuanes y tarahumaras, y se contrapone a los principios establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el carácter pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus sistemas normativos.

Especialistas en derechos indígenas consultados coinciden en que este tipo de incumplimientos refleja un problema estructural: la dificultad para ejecutar sentencias que ordenan cambios legislativos en favor de comunidades originarias. Mientras tanto, comunidades como Norogachi continúan sin un mecanismo institucional que garantice el acceso a la justicia con pertinencia cultural y lingüística.