A 8 años del amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena, autoridades revisan avances en el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado

El Gobierno de Oaxaca sostuvo una reunión con autoridades municipales de la regiones Valles Centrales y Sierra Norte para dar seguimiento al cumplimiento del juicio de amparo 621/2016 promovido por Litigio Estratégico Indígena A. C. en el que se ordena a las autoridades federales, estatales y municipales el rescate los ríos Salado y Atoyac.

Durante la reunión se informó de las acciones en saneamiento, monitoreo, capacitación y concientización sobre el cuidado del agua y el manejo responsable de los residuos.

De acuerdo con el gobierno del estado, estuvieron presentes autoridades de San Andrés Zautla, Reyes Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Guadalupe Etla, Nazareno Etla, San Sebastián Abasolo, Santa María El Tule, Santa Cruz Papalutla, Rojas de Cuauhtémoc, Villa de Etla, Santa María Coyotepec, La Natividad, Santa María Atzompa, San Juan Guelavía, Soledad Etla, San Pablo Huitzo, Santiago Suchilquitongo, Santa Cruz Amilpas, San Jacinto Amilpas, Ciénega Zimatlán y Santa Catarina Quiané.

El juicio de amparo 621/2016 fue promovido por Litigio Estratégico Indígena, encabezada por Carlos Morales Sánchez, junto con vecinos de Oaxaca de Juárez, con el objetivo de obligar al Estado a rescatar y sanear los ríos Atoyac y Salado. 

El 26 de marzo de 2018, la jueza Elizabeth Franco Cervantes, entonces titular del Juzgado Primero de Distrito en Oaxaca, concedió el amparo; el cual, fue un fallo histórico en México por utilizar el juicio de amparo como una herramienta directa para la protección del derecho a un medio ambiente sano. 

En la sentencia se ordenó a las autoridades de los tres niveles de gobierno (federales, estatales y municipales de la zona conurbada) coordinarse para realizar programas de limpieza, saneamiento, vigilancia, conservación y construcción u operación de infraestructura hidráulica y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Litigio Estratégico Indígena ha denunciado constantes retrasos, simulaciones y falta de recursos por parte de las autoridades para lograr el saneamiento integral de los afluentes, aunque se han seguido llevando a cabo mesas de verificación interinstitucionales para dar seguimiento al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.