Apropiación cultural en Oaxaca: el llamado urgente a construir el inventario del patrimonio que vive en las comunidades

La historia se ha contado varias veces, aunque con distintos protagonistas. Una campaña publicitaria que alteró el traje tradicional de la mujer del Istmo de Tehuantepec; el uso comercial del nombre y la imagen de la Guelaguetza; textiles mixes reapropiados por empresarias de la moda sin vínculo con los pueblos que los crearon. En todos los casos, el patrón se repite: expresiones culturales vivas utilizadas fuera de su contexto comunitario, sin consentimiento y sin reglas claras.

Frente a estos antecedentes, Litigio Estratégico Indígena hizo un llamado público a la Secretaría de Cultura de Oaxaca para avanzar en la construcción del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial del estado de Oaxaca, una herramienta que permitiría proteger jurídicamente las expresiones culturales de los pueblos originarios.

En entrevista, Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena, explicó que la creación de este inventario responde a una obligación internacional asumida por el Estado mexicano. En particular, al Artículo 11 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que ordena identificar y definir los elementos culturales que forman parte del patrimonio de las comunidades.

Yáñez Unda señaló que la ausencia de este registro ha dejado a los pueblos en una situación de vulnerabilidad frente a usos comerciales indebidos. Por ello, planteó que el inventario funcione como una plataforma digital pública, en la que las propias comunidades inscriban los elementos de su cultura que decidan proteger: danzas, saberes, textiles, celebraciones, músicas y prácticas que siguen vivas en el territorio.

El inventario, explicó, tendría como objeto establecer un listado claro de los elementos del patrimonio cultural inmaterial cuya titularidad pertenece a las comunidades. De esta manera, empresas y particulares podrían identificar qué expresiones culturales son susceptibles de uso mediante convenios y cuáles requieren autorización expresa, generando reglas claras y evitando apropiaciones.

Más que una medida administrativa, la propuesta apunta a una política cultural de fondo: pasar de la reacción posterior a la apropiación cultural, a una estrategia preventiva basada en el reconocimiento jurídico de la cultura viva. En un estado donde la identidad se construye desde lo comunitario, el inventario aparece como una herramienta clave para que la cultura deje de ser mercancía y sea reconocida como un derecho colectivo.