Apropiación cultural: Nueva Constitución de Oaxaca busca llevar ante los tribunales el plagio a los pueblos

En 2025, Adidas llevó al mercado un modelo basado en el huarache tradicional de Yalálag sin la autorización de la comunidad. Este caso volvió a poner sobre la mesa una vieja práctica de las industrias voraces: tomar elementos creados y conservados por los pueblos, sacarlos de su contexto y convertirlos en mercancía.

En Oaxaca conocemos bien esa historia. Cito un caso: Tlahuitoltepec denunció a Isabel Marant por usar diseños de su blusa tradicional. En México otras polémicas han alcanzado a marcas como Yuya, Chocolate Abuelita y Cerveza Cucapá por el uso comercial del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

La gastronomía tiene su propia triste historia: cocineros y chefs llegan a las comunidades, conocen recetas, técnicas e ingredientes transmitidos durante generaciones y después los presentan en restaurantes, libros o festivales como hallazgos propios. Y se hinchan de lana.

Y si, la apropiación cultural tiene muchas caras. El problema comienza cuando un pueblo descubre que alguien está haciendo negocio con una parte de su historia. ¿Qué puede hacer entonces?

Puede denunciar en redes, convocar a medios, enviar escritos a las autoridades para que “tomen cartas en el asunto”, exigir una disculpa y esperar alguna mesa de diálogo. Durante unos días llegan los comunicados, las entrevistas y la indignación. Después las redes cambian de tema, los sensibles funcionarios pasan a otro asunto y la comunidad se queda con el mismo problema: alguien sigue haciendo negocio con algo que se creó en su pueblo.

Eso podría empezar a cambiar en Oaxaca. La comisión redactora de la nueva Constitución de Oaxaca, encabezada por Manuel de Jesús López López y Raúl Ávila Ortiz, incluyó un mecanismo judicial novedoso pensado precisamente para estos casos: el juicio de protección al patrimonio cultural inmaterial.

La propuesta provino de Litigio Estratégico Indígena A.C. y nació de su experiencia en la defensa judicial de pueblos y comunidades. Después de años de litigios, la organización identificó un problema concreto: frente a la apropiación del patrimonio cultural, hacía falta una herramienta que permitiera pasar de la denuncia en Facebook a los estrados de un tribunal.

La figura cobra todavía más fuerza porque desde el 2024 los pueblos y comunidades son sujetos de derecho público. Eso les permitiría activar una vía jurídica propia ante la justicia oaxaqueña cuando consideren que alguien se apropió de sus conocimientos, diseños, expresiones, técnicas o saberes colectivos.

El juicio busca proteger desde un bordado, una iconografía, o un huarache hasta una receta, una danza o una técnica artesanal transmitida durante generaciones. Muchas de esas creaciones tienen un autor colectivo: son los pueblos que las han conservado, transformado y enseñado durante siglos.

La idea es muy fuerte: que la comunidad afectada tenga algo más que redes sociales, comunicados, oficios y llamados para que alguna autoridad “tome cartas en el asunto”. Que pueda llevar ante la justicia de Oaxaca a quien se apropie de su patrimonio cultural inmaterial. Falta la aprobación del Congreso pero ya está sembrada la semilla de la esperanza.