Indígena de Guerrero pide a la Suprema Corte atraer amparo para crear Sala de Justicia Indígena

Un integrante de una comunidad indígena de Guerrero solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción para resolver un amparo en revisión que podría sentar un precedente nacional: la creación de una Sala de Justicia Indígena en la entidad y la emisión de una jurisprudencia obligatoria para todo el país.

Se trata de Jorge Neri Castañón, persona indígena originaria de Guerrero, quien forma parte de una comunidad en la que los conflictos se resuelven mediante sus propias autoridades tradicionales y conforme a sus sistemas normativos internos. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo institucional dentro del Poder Judicial estatal que permita validar formalmente esas decisiones o articularlas con la justicia ordinaria, lo que genera incertidumbre jurídica y deja en un limbo las resoluciones comunitarias.

Ante esa ausencia, Neri Castañón promovió un juicio de amparo acompañado por Litigio Estratégico Indígena A.C., con el objetivo de que se reconozca la omisión de crear una Sala de Justicia Indígena en Guerrero, capaz de garantizar la coordinación, revisión y validación de las resoluciones emitidas por autoridades comunitarias.

No obstante, en la sentencia la jueza que conoció del asunto determinó que el promovente no contaba con “interés legítimo” para promover el amparo. Señaló además que ya existen disposiciones legales que hacen referencia a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que, desde su perspectiva, no se actualizaba la omisión reclamada.

Inconforme con la resolución, Jorge Neri Castañón interpuso recurso de revisión y solicitó que la Suprema Corte atraiga el caso para analizar de fondo si la falta de una instancia especializada en justicia indígena constituye una omisión que vulnera el derecho a la libre determinación y al acceso efectivo a la justicia de los pueblos originarios.

El objetivo, explicaron, no es únicamente obtener una resolución para Guerrero, sino que el máximo tribunal establezca un criterio que obligue a las entidades federativas a garantizar mecanismos reales de coordinación entre la justicia indígena y la justicia estatal.

Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A.C., señaló que el caso tiene un alcance estructural. “No se trata solo de una persona. Estamos ante una omisión institucional que afecta a comunidades enteras que ejercen su sistema normativo sin que exista un órgano especializado que reconozca y articule esas decisiones dentro del sistema judicial”, expresó.

Añadió que la negativa del amparo bajo el argumento de falta de interés legítimo restringe de manera indebida el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, pues impide que se analicen omisiones estructurales que afectan no solo a una persona en lo individual, sino a colectividades completas. “Si se exige un interés entendido de forma rígida, se desconoce que la ausencia de una Sala de Justicia Indígena impacta directamente en el ejercicio colectivo de la libre determinación y en la validez de las decisiones adoptadas por autoridades tradicionales”, afirmó.

De ser atraído, el asunto podría marcar un precedente relevante en la construcción de un modelo de justicia intercultural en México, con efectos no solo para Guerrero, sino para todo el país.