La lucha de Litigio Estratégico Indígena por el derecho a recibir la Constitución en lengua materna

En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la Constitución en su propia lengua. Ese año, ordenó la traducción al mixe de Puxmetacán de dos documentos clave: la reforma constitucional indígena de 2001 y su exposición de motivos.

Esta decisión fue resultado de un litigio promovido por la organización Litigio Estratégico Indígena A.C., que ha trabajado por el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos de los pueblos originarios, en particular el derecho a comprender el marco jurídico que los rige.

El fallo marcó un precedente relevante en materia de derechos lingüísticos, al considerar que la comprensión del texto constitucional en lengua materna forma parte del ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En el caso de los pueblos indígenas, la SCJN sostuvo que el acceso al contenido constitucional debe garantizarse en sus respectivas lenguas, como una obligación del Estado.

“El derecho a recibir el derecho en la propia lengua es un derecho constitucional que no ha sido plenamente explorado ni garantizado en la práctica”, señaló el equipo jurídico de la organización.

Tras esta resolución, Litigio Estratégico Indígena A.C. impulsó procesos similares ante la SCJN para otras lenguas originarias. Se promovieron recursos para lograr la traducción constitucional al zoque, zapoteco de Juchitán, mixe de Guichicovi, mixteco de Tlaxiaco y zapoteco de Cacaotepec. Estas acciones buscan fortalecer un marco jurídico que refleje la diversidad lingüística del país.

Aunque la sentencia de la Corte representa un avance, los desafíos para la justicia lingüística persisten. En la práctica, millones de personas indígenas en México aún no tienen acceso pleno al contenido legal en su idioma, lo que limita su capacidad para participar en la vida pública, acceder a la justicia y ejercer sus derechos con información adecuada.

Este proceso evidencia la importancia de una justicia que no solo sea incluyente en el discurso, sino también comprensible en la lengua en que se vive y se nombra el mundo.