La lucha por la Sala de Justicia Indígena: el litigio que no se rinde en Chihuahua y Puebla

En las sierras remotas de Chihuahua, donde el viento tarahumara aún susurra los nombres antiguos de los ríos y las montañas, Guadalupe Pérez Holguín, una mujer rarámuri de la comunidad de Norogachi, decidió que el silencio de las leyes ya no sería tolerable. Su voz, amplificada por el equipo de Litigio Estratégico Indígena A.C., una asociación civil pionera nacida en Oaxaca y guiada por una convicción profunda de justicia, rompió el olvido institucional. En 2024, promovieron un juicio de amparo que confrontó la omisión del Congreso de Chihuahua: la ausencia de una Sala de Justicia Indígena que reconociera y validara las resoluciones de las autoridades tradicionales, en armonía con el sistema estatal.

La sentencia llegó como un amanecer largamente esperado: el juzgado federal concedió el amparo y ordenó legislar para crear esa sala especializada. Hoy, esa resolución ha alcanzado firmeza y ejecutoria, un triunfo concreto que ilumina el camino hacia el reconocimiento efectivo de la jurisdicción indígena en el estado. Es el eco de una lucha que no solo defiende derechos, sino que restaura dignidad a comunidades que durante siglos han administrado justicia con sus propias normas, cosmovisiones y formas de sanar conflictos.

Pero la historia no termina en las barrancas chihuahuenses. En las tierras pobladas de niebla y tradición nahua de Puebla, Eliseo Belén de la Cruz, originario de la comunidad de San Sebastián en Teziutlán, alzó su propia demanda. Acompañado nuevamente por Litigio Estratégico Indígena A.C., señaló la omisión legislativa del Congreso local que impedía regular los mecanismos de validación de las decisiones indígenas y establecer los órganos correspondientes —incluida una Sala de Justicia Indígena en el Tribunal Superior de Justicia del estado—. La jueza federal de primera instancia escuchó el reclamo y concedió el amparo en junio de 2024, ordenando al Congreso poblano emitir la legislación necesaria para hacer real ese derecho constitucional.

Sin embargo, el camino hacia la justicia plena rara vez es lineal. El Congreso —en un giro que ha generado controversia— promovió un recurso de revisión contra la sentencia, buscando revertir el mandato judicial. Ante esta resistencia, la asociación no retrocede: ha solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que asuma competencia en el asunto y emita una sentencia de alcance nacional. El objetivo es claro y ambicioso: ordenar la creación de Salas de Justicia Indígena en todas las entidades federativas, consolidando un sistema que honre el pluralismo jurídico reconocido en el artículo 2° de la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito.

Estas batallas, tejidas con paciencia, documentos y la memoria viva de los pueblos, no son meros procedimientos legales. Son actos de resistencia poética: la insistencia en que las voces indígenas no sean ecos lejanos, sino parte esencial del tejido jurídico del país. En cada amparo, en cada sentencia ganada, late la promesa de un México más inclusivo, donde la justicia no sea uniforme ni impuesta, sino diversa, dialogante y respetuosa de las raíces milenarias.

Litigio Estratégico Indígena seguirá pugnando, con la tenacidad de quien sabe que la verdadera transformación comienza cuando una comunidad decide que su forma de hacer justicia merece ser vista, validada y protegida. Porque en el corazón de estas luchas late una verdad sencilla y poderosa: los pueblos originarios no piden permiso para existir; reclaman el espacio que siempre les ha pertenecido en la justicia de todos.