Secretaría de Cultura federal se niega a reconocer al CECAM, pese a orden judicial

En un nuevo episodio de tensión entre instituciones federales y proyectos culturales indígenas, la Secretaría de Cultura federal se niega a reconocer la personalidad jurídica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), ubicado en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, pese a la existencia de una sentencia judicial que ordena avanzar en ese proceso.

El conflicto tiene su origen en una omisión institucional que, durante años, ha impedido que uno de los semilleros musicales más importantes del país acceda a recursos públicos. El CECAM, reconocido por su trayectoria artística —que incluye presentaciones en actos presidenciales y escenarios internacionales—, continúa operando sin un marco jurídico que le permita recibir financiamiento federal.

El 21 de febrero de 2024, el Juez Decimoprimero de Distrito en Oaxaca concedió un amparo a cuatro profesores indígenas mixes —Carolina Vásquez Cardozo, María Luisa Pérez Días, Elena Martínez Cardozo y Silvestre Vásquez Cardozo—, quienes impugnaron la falta de reconocimiento legal del centro educativo donde laboran. La resolución ordena dar continuidad a un decreto presidencial que contemplaba la creación de una Comisión encargada de definir alternativas jurídicas y administrativas para respaldar con recursos públicos a escuelas indígenas dedicadas a la formación musical.

Este litigio fue impulsado desde diciembre de 2022, cuando los docentes, con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena A.C., promovieron un juicio de amparo contra la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En su demanda, señalaron la omisión de estas dependencias para otorgar personalidad jurídica al CECAM, condición indispensable para acceder a financiamiento y garantizar su continuidad.

Tras más de un año de proceso, el fallo judicial reconoció la validez de sus argumentos. Sin embargo, el cumplimiento de la sentencia se ha visto obstaculizado por la postura de la Secretaría de Cultura, que sostiene que el decreto presidencial emitido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador perdió vigencia al concluir su sexenio, por lo que no sería aplicable en la actualidad.

Esta interpretación ha generado un nuevo punto de conflicto jurídico. De acuerdo con Litigio Estratégico Indígena la sentencia no depende de la vigencia política del decreto, sino de la obligación del Estado mexicano de garantizar derechos culturales y educativos, particularmente en comunidades indígenas.

Ante la negativa de la dependencia federal, un tribunal colegiado ordenó el cumplimiento sustituto de la resolución, mecanismo que permite ejecutar la sentencia por vías alternas cuando la autoridad responsable se rehúsa o es incapaz de cumplirla en sus términos originales.

En este contexto, la abogada Mariana Yáñez Unda, integrante de Litigio Estratégico Indígena A.C., advirtió que la negativa institucional trasciende el ámbito administrativo y tiene implicaciones profundas en los derechos de los pueblos originarios. Señaló que este tipo de omisiones no sólo limita el acceso a recursos públicos, sino que pone en riesgo la continuidad de modelos educativos construidos desde las propias comunidades.

“No se trata únicamente de financiamiento; estamos hablando de proyectos educativos que nacen de la identidad cultural, de formas propias de enseñanza y de la autonomía comunitaria”, explicó. Para la especialista, el caso del CECAM ejemplifica cómo la falta de reconocimiento jurídico puede convertirse en un obstáculo estructural para iniciativas que han demostrado su impacto social y cultural.

Subrayó que estos espacios no sólo forman músicos, sino que fortalecen lenguas, tradiciones y formas de organización colectiva que históricamente han sido marginadas por las políticas públicas. En ese sentido, insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones que permitan la permanencia de estos proyectos, más allá de interpretaciones administrativas sobre la vigencia de decretos. “Cuando se desconoce jurídicamente a una institución como el CECAM, se está invisibilizando también a la comunidad que le da vida”, concluyó.

El caso del CECAM pone en evidencia una problemática estructural: la fragilidad institucional de proyectos comunitarios indígenas que, pese a su relevancia cultural, permanecen al margen del reconocimiento legal. Fundado en la Sierra Mixe de Oaxaca, el centro ha sido clave en la preservación y desarrollo de la música tradicional, además de formar generaciones de músicos que han trascendido fronteras.

Mientras el litigio continúa, el CECAM sigue operando en condiciones de incertidumbre. La falta de reconocimiento jurídico no es un asunto menor: implica la imposibilidad de acceder a financiamiento público, establecer convenios formales y garantizar la sostenibilidad de un proyecto que, para muchos, representa una de las expresiones más vivas de la resistencia cultural en México.

El desenlace del caso no sólo definirá el futuro de este centro musical, sino que también sentará un precedente sobre la relación entre el Estado y las iniciativas culturales indígenas en el país.