Congreso de la Unión niega omisión legislativa en ley indígena; Litigio Estratégico mantiene disputa en tribunales

Ciudad de México.— En el juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena A.C. contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, la respuesta del Poder Legislativo ha sido titubeante: niega haber incumplido.

El amparo reclama una omisión legislativa, es decir, la falta del Congreso de cumplir con su obligación constitucional de desarrollar, mediante una ley general, los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el articulo 2 el 30 de septiembre de 2024. Esta figura jurídica permite cuestionar, ante tribunales, no lo que el Estado hace, sino lo que deja de hacer cuando esa inacción impide el ejercicio efectivo de derechos.

En sus informes, el Congreso sostiene que no existe tal omisión. Argumenta que en abril de 2024 se reformaron diversas leyes en las que —a su juicio— ya se incorporaron derechos de los pueblos indígenas, por lo que considera atendido el mandato constitucional sin necesidad de emitir una ley general específica. Cabe aclarar que dichas reformas fueron aprobadas antes de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, en la que se modificó el artículo 2º, lo que reconfigura el alcance de las obligaciones del Estado en la materia.

La postura, sin embargo, ha sido cuestionada por la organización promovente. Mariana Yáñez Unda, abogada de Litigio Estratégico Indígena A.C., refirió que estas reformas no sustituyen la obligación de construir un marco normativo integral. “Lo que existe es falta de voluntad que se refleja en una dispersión normativa y limitada que no garantiza el ejercicio efectivo de los derechos. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, pero sin una ley general, ese reconocimiento queda fragmentado y, en muchos casos, inaccesible”, señaló.

Mientras el Congreso insiste en que no hay omisión, el juicio avanza en el juzgado tercero de Distrito de Oaxaca . Lo que se resolverá no es solo una disputa técnica, sino el alcance real del compromiso del Estado mexicano con los derechos de los pueblos indígenas. Mientras tanto, los pueblos indígenas siguen sin contar con una ley que garantice de manera efectiva los derechos reconocidos en el artículo 2º constitucional.