Ciudad de México.— En el juicio de amparo promovido por Litigio Estratégico Indígena A.C. contra la omisión del Congreso de la Unión de expedir una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, la respuesta del Poder Legislativo ha sido titubeante: niega haber incumplido. El amparo reclama una omisión legislativa, es decir, la falta del Congreso de cumplir con su obligación constitucional de desarrollar, mediante una ley general, los derechos de los pueblos indígenas reco

La sentencia del amparo 332/2020, presentado el 30 de abril de 2020, ordena legislar el artículo 29 constitucional; la omisión persiste desde entonces. Ciudad de México.— Más de cinco años han pasado desde que se presentó la demanda y, pese a existir una sentencia firme, el Congreso de la Unión sigue sin expedir la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, una norma pendiente desde hace más de un siglo y crucial para regular la restricción o suspensión de derechos

La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió una demanda de amparo con el objetivo de obligar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, ante el incumplimiento del mandato constitucional vigente.