Carlos Morales Sánchez, es presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C., una asociación civil que ha ganado gran notoriedad en los últimos años por la defensa exitosa de causas sociales clave para la sociedad oaxaqueña.
En esta charla, aborda los principales retos para la asociación, la inejecución de las sentencias, la actuación temerosa de los jueces en México y lo que sigue, para garantizar el cumplimiento de la sentencia de amparo que ordena el rescate de los ríos Atoyac y Salado de Oaxaca.
¿Cuál fue el principal reto que enfrentó Litigio Estratégico Indígena A. C. en 2024?
El principal reto fue la insensibilidad de los jueces federales, en un contexto marcado por la crisis del sistema judicial mexicano. Seguimos luchando por la ejecución de las sentencias de amparo. Hoy en día, el desafío no es tanto ganar un caso u obtener una sentencia favorable, sino asegurar que se cumpla la sentencia. La verdadera dificultad radica en la ejecución.
El incumplimiento de las sentencias tiene mucho que ver con la actitud de los jueces federales, quienes, a mi juicio, están temerosos frente al poder del Ejecutivo Federal. Esta situación es particularmente evidente en dos grandes temas que Litigio Estratégico Indígena A. C. ha promovido: la ejecución de la sentencia que ordena el rescate de los ríos Atoyac y Salado, y en las sentencias que ordenan la creación de la Ley General de Consulta Previa y la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir, ¿las sentencias se emiten, pero no se cumplen?
Así es. El Poder Judicial de la Federación aún no tiene claridad sobre cómo garantizar el cumplimiento de las sentencias en materia ambiental, ni de aquellas que buscan materializar derechos económicos, colectivos y sociales. Tradicionalmente, el Poder Judicial emitía sentencias en casos relacionados con clausuras, órdenes de aprehensión y multas, situaciones que son relativamente fáciles de cumplir. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a temas mucho más complejos: la restauración de ríos, la suspensión de megaproyectos, los amparos contra empresas extractivistas y la creación de leyes, entre otros.
El reto es enorme, y estos temas claramente tocan intereses del Ejecutivo, lo que genera temores en los jueces, ¿verdad?
Sin duda alguna. Los jueces tienen razones legítimas para estar cautelosos. No se atreven a iniciar procedimientos de destitución y puesta a disposición de las autoridades omisas, a pesar de que la Ley de Amparo lo permite. El temor es comprensible. En 2024, el Poder Ejecutivo demostró su capacidad para modificar las estructuras tradicionales de la justicia en México, despedir a cientos de jueces y establecer nuevos mecanismos para su nombramiento. Ahora, imagina el miedo que pueden sentir los jueces al exigir que una autoridad del Ejecutivo cumpla con una sentencia.
¿Cómo se podrá hacer litigio en estas condiciones?
Esperamos que la nueva generación de ministros y jueces que asuma sus funciones se empodere y tome conciencia de su rol en los espacios democráticos. En 1994, Ernesto Zedillo desmanteló una Suprema Corte de Justicia de la Nación controlada por Carlos Salinas, y la nueva corte no obedeció a nadie, ni siquiera a Zedillo. Fue en ese momento cuando comenzó el proceso de respeto a los derechos humanos en México. Ojalá algo similar ocurra ahora con la nueva Corte.
¿Y qué sigue en el amparo de los ríos Atoyac y Salado?
Seguiremos luchando y presionando. Hay señales de que la sentencia de amparo será finalmente cumplida. Llevamos varios años insistiendo, y todos los eventos que el Gobierno del Estado ha realizado en relación con este tema han sido en cumplimiento de la sentencia de amparo que obtuvimos.
Confiamos en que el gobierno de Oaxaca cumplirá con la sentencia y lograremos tener ríos saludables. Además, no tenemos dudas de que la presidenta Sheinbaum está verdaderamente preocupada por el medio ambiente. Esto es crucial, pues genera la esperanza de que, por fin, las autoridades hagan su trabajo y tomen acciones concretas para restaurar el equilibrio ecológico.
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