La Suprema Corte deja pendiente la protección jurídica de Guiengola, patrimonio indígena en riesgo

Oaxaca, México. La protección legal del centro ceremonial zapoteco de Guiengola sigue en el limbo jurídico. Pese a los intentos del abogado zapoteco Carlos Morales Sánchez, abogado de Litigio Estratégico Indígena A.C. por obtener el reconocimiento formal de esta zona como monumento arqueológico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resolvió el recurso de revisión interpuesto y dejará el caso pendiente al concluir su periodo de sesiones el próximo 30 de agosto de 2025.

Carlos Morales, presidente de la organización Litigio Estratégico Indígena A.C., promovió un juicio de amparo contra la omisión del INAH de declarar formalmente a Guiengola como zona de monumentos arqueológicos. Argumentó que esta falta de reconocimiento ha dejado al sitio desprotegido jurídicamente y expuesto a riesgos de invasión, así como a los impactos negativos derivados de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca negó la protección federal, alegando que Morales Sánchez no tenía legitimación legal para representar al sitio y que, supuestamente, la zona ya contaba con medidas de protección. Esta decisión fue impugnada mediante recurso de revisión, mismo que fue admitido por la SCJN dada su relevancia para los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de su patrimonio cultural e inmaterial.

El caso fue turnado a la ministra Margarita Ríos Farjat, pero hasta el momento, no ha sido resuelto por el pleno de la Corte.

Carlos Morales advirtió que uno de los retos más urgentes para la nueva Suprema Corte será precisamente emitir criterios jurisprudenciales que garanticen la protección del patrimonio cultural material de los pueblos indígenas, incluso frente a autoridades como el INAH, a quien acusó de actuar con insensibilidad e indolencia ante sus obligaciones de resguardo.

“No basta con discursos institucionales: se requieren acciones jurídicas concretas que reconozcan el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio”, puntualizó el abogado.

El caso de Guiengola no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales entre los intereses de desarrollo y los derechos culturales de los pueblos originarios, una deuda histórica que sigue sin saldarse.